Tras proclamarse la República, los herederos del Partido Conservador palmero propusieron a Blas Pérez González patrocinar su candidatura en las elecciones constituyentes, convocadas para junio de 1931. Los antiguos conservadores, valedores de la Monarquía hasta el 14 de abril, entendieron que un republicanismo moderado, como el que encarnaba la figura prestigiosa de Blas Pérez González, era un buen cartel para obtener una representación en Cortes. Un escaño valioso porque contribuiría a preservar la influencia política y social del otrora caciquismo dominante, pese al cambio de régimen. Blas Pérez González acepta y se postula como candidato a diputado por la provincia de Tenerife. Se presentará como republicano independiente, aunque no pasó desapercibido que sus aspiraciones se sustentaban en el respaldo del caciquismo hegemónico durante la Monarquía.
En la campaña electoral, Blas Pérez González expuso, ante 2000 personas, el modelo de República que defendía. Su discurso combinaba el regeneracionismo modernizador con el apego a principios tradicionales como la Patria, la Propiedad o el Orden. A su entender, una vez derribada la Monarquía, había pasado el momento de la revolución, porque si el periodo transformador se prolongaba, el empuje destructivo de todo cambio podría desembocar en el "caos". Ahora, llegaba el momento constructivo de los juristas, encargados de elaborar, de la manera más "perfecta posible", las leyes que configurarían el nuevo Estado. Consideraba que la República debía dar respuesta a dos problemas que atenazaban a España desde comienzos del siglo XX: la cuestión social y los nacionalismos. Respecto a "los anhelos que embargan al proletariado que bulle avasalladoramente por la conquista de un futuro confortable y llevadero", era necesaria una estrategia "de conciliación de masas", que requería la generosidad de las clases pudientes. Así, "conceder para conservar fue su máxima y su consejo a los muchos propietarios que le escuchaban". En esta línea, habló de un "reparto de los latifundios" y "de una limitación en el derecho de gozar la propiedad". En cuanto a los nacionalismos, había que llegar a un acuerdo para solventar el enfrentamiento entre "los intereses antagónicos" de "las aspiraciones regionales", por un lado, y de "la hegemonía nacional", por otro. A cambio, las transformaciones impulsadas por la II República modernizarían España sin renegar de principios básicos para el conjunto conservador de la sociedad como la integridad de la Patria o la Propiedad. Además, la democracia implantada debía garantizar estabilidad al País. A juicio de Blas Pérez González, "Ley, Orden y Autoridad" constituían los ingredientes indispensables para asegurar el éxito al nuevo Régimen. El día de los comicios recibió 7.576 votos y alcanzó el séptimo puesto, quedando a 717 sufragios de conseguir el escaño[1].
Regresa a Barcelona y a su cátedra universitaria. Entre 1931 y 1933, las esperanzas depositadas en la República se tornan en creciente inquietud. A un amante del derecho como Blas Pérez González le contrariaba que las movilizaciones sociales desbordaran el cauce de la ley y salpicaran de conflictos el País. En cuanto a la autonomía catalana, pensaba que el Estado había cedido, demasiado generosamente, sus atribuciones y España marchaba hacia el "desmembramiento".
En el otoño de 1934, España vivió una gran conmoción. Blas Pérez González la padeció directamente porque su ciudad de residencia, Barcelona, fue uno de los epicentros de la sacudida política y social que se produjo. La incorporación al gobierno de tres ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) desencadenó la Revolución de Octubre. Amplios sectores de la izquierda obrera y del nacionalismo catalán se sublevaron, primero, porque entendieron que la nueva coalición gobernante se aprestaba a desbaratar las reformas progresistas del bienio 1931-1933 y, segundo, porque temieron que, una vez en el poder, las derechas se condujeran igual que Hitler, en Alemania, o Dolffuss, en Austria, e implantaran un estado autoritario. Las principales insurrecciones se produjeron en Asturias y Cataluña. El Gobierno movilizó al Ejército y encargó al general Francisco Franco que dirigiera las operaciones desde el Ministerio de la Guerra. En Barcelona, la sublevación estalla el 5 de octubre. Se declara la huelga general. Al día siguiente, el gobierno autónomo proclama el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Esa noche, el Comandante General de la región despliega a las fuerzas bajo su mando para combatir la sedición. Al amanecer del 7 de octubre, el gobierno de la Generalitat se rinde. En total, han perdido la vida cerca de medio centenar de personas. Contenida la insurrección, los dirigentes de la CEDA estimaron que la represión era imprescindible. En Cataluña, más de 3.000 personas son sometidas a la jurisdicción militar y procesadas por Consejos de Guerra. Igualmente, se clausura el Parlamento catalán, se suspende el Estatuto de Autonomía y se cierran la mayor parte de los ayuntamientos de la Región. Blas Pérez González participará en la represión de los sucesos de Octubre, pues, por su pertenencia al Cuerpo Jurídico Militar, la declaración del Estado de Guerra le devuelve al servicio activo como comandante. Se incorpora a la Auditoría de Guerra e interviene en las Causas que se instruyen por la rebelión, incluidas las abiertas contra el expresidente Manuel Azaña y contra los Consejeros de la Generalitat. Blas Pérez González asumió las órdenes recibidas por sus superiores de proceder con rapidez y contundencia. Los abogados que defendieron a los procesados en Barcelona sostuvieron que el catedrático y comandante jurídico militar: "se portó siempre correctamente", aunque le reprochaban que no diera "alguna de las facilidades que eran de esperar de un discípulo de don Felipe Sánchez Román"[2]. Por otra parte, la actuación del general Francisco Franco había agrandado la estima que Blas Pérez González le profesaba. El General había sido uno de los artífices del aplastamiento de la rebelión y sus planteamientos represivos eran considerados necesarios por el jurista canario.
Levantado el Estado de Guerra, a comienzos de 1935, Blas Pérez González se reintegra a la docencia universitaria. Pero, en adelante, quedará marcado como enemigo de los nacionalistas catalanes y de la izquierda obrera, e identificado con la represión posterior a los hechos de octubre de 1934.
En febrero de 1936, el Frente Popular vence en las urnas y el gobierno del País vuelve a girar hacia la izquierda. Blas Pérez González es depuesto de su cargo de Decano de la Facultad de Derecho, "por sus intensas campañas españolistas"[3]. La protección de su antiguo profesor, el republicano moderado Felipe Sánchez Román, hombre de elevado prestigio político y académico en Cataluña, le preserva de mayores represalias y le permite continuar con sus clases en la facultad de derecho.
Blas Pérez González no aceptó el triunfo de las izquierdas y acusó al Frente Popular de vencer gracias al fraude electoral. Tres años después, ya Fiscal del Tribunal Supremo, ordenará a sus subordinados que investigasen la comisión de delitos electorales, en sus respectivas demarcaciones. Igual que amplios segmentos del conjunto conservador de la sociedad española, interpretó que el gobierno de izquierdas practicaba una política que, bajo una apariencia democrática, avasallaba los patrimonios y los valores de la España conservadora. Blas Pérez González calificó de "sectaria" la actuación del gobierno del Frente Popular. A juicio de la Causa General que él mismo coordinó, la coalición de izquierdas "practicó una verdadera tiranía, tras la máscara de la legalidad, e hizo totalmente imposible, con su campaña de disolución nacional y con los desmanes que cometía o toleraba, la convivencia pacifica entre los españoles". Blas Pérez González no participaba en los preparativos del golpe de estado, pero, por sus relaciones, estaba informado de los pasos que iba dando la conspiración contra el gobierno de la República. Mas tarde, consideraría que la rebelión militar fue un "legítimo movimiento de defensa" de la España conservadora, con el Ejército como punta de lanza. Incluso, legitimó la operación golpista, al asegurar que los militares insurgentes cumplieron con la misión que les asignaba la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas: "defender a España de sus enemigos exteriores e interiores"[4].
[1] Notable conferencia del catedrático Don Blas Pérez González, Gaceta de Tenerife, 23 de julio de 1931 y Comentarios a una conferencia (I, II y III), Espartaco, La Palma, 25 de julio, 1 y 8 de agosto de 1931. Los resultados electorales en CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel: Las elecciones a Cortes durante la II República en las Canarias Occidentales, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2004, pp. 39 y 101-104.
[2] GARRIGA, Ramón: Los validos de Franco, Planeta, Barcelona, 1981, pp. 132-133.
[3] Los nuevos ministros, El Día, Tenerife, 8 de septiembre de 1942.
[4] Los textos entrecomillados se extraen de MINISTERIO de la GOBERNACIÓN: Dictamen de la Comisión sobre la ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, Editora Nacional, Madrid, 1939 pp. 31-45; PÉREZ GONZÁLEZ, Blas: Memoria elevada al Gobierno Nacional en la solemne apertura de los tribunales, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1940, pp. 7-8, 86 y 96; MINISTERIO de JUSTICIA: Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el ministerio público, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1943, p. XI.